Desde los primeros asentamientos a principios del siglo XX hasta hoy, las villa de la ciudad de Buenos Aires han pasado por sucesivos ciclos de ocupación, desalojo y reconstrucción, siempre de la mano de la miseria y la falta de políticas estatales que resuelvan definitivamente la demanda de vivienda de los sectores populares. El autor recorre aquí la historia de estos territorios que, pese a todo, continúan poblándose día a día, y cuyos habitantes cada vez más asumen por sí mismos la solución a sus necesidades.
Por Pablo Vitale.
Las primeras villas de la ciudad.
Por los años `30, lo alrededores de Puerto Nuevo de Retiro se empezaron a poblar de pequeñas casas de materiales precarios. Una nueva forma de habitar la ciudad estaba naciendo: las villas.
Ese núcleo de casitas fue desalojado, reubicado y vuelto a formar al menos tres veces en sus primeras décadas de existencia hasta que se consolidó el barrio de Inmigrantes, que hasta hoy forma parte de la villa 31 de Retiro. Los primeros pobladores de las villas fueron inmigrantes europeos, principalmente polacos e italianos. Hombres solos que llegaban escapando de las guerras y hambrunas, buscando mejores chances de sobrevivir, ocupando los puestos de trabajo que ofrecían el puerto y los ferrocarriles.
Es que desde el inicio de las villas están pobladas por trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente migrantes, que llegan a la ciudad justamente cuando en ellas existen mejores oportunidades laborales que en sus lugares de origen. No es casual que justamente en los años `30 se comienza a reconfigurar la estructura productiva en base a la sustitución de importaciones, lo que implicó un aumento de la demanda de mano de obra en la ciudad y una emigración creciente de las zonas rurales hacia las urbanas.
También desde su origen obre las villas pesa la estigmatización con la que se intenta deslegitimar una de las pocas alternativas de vivienda que tienen los sectores populares.
Una buena muestra es la del libro que publica el Comisario Juan Alejandro Ré en 1937, en el que habla de "Villa Esperanza" (uno de los antecedentes de la villa 31). El artículo se titula "Falta de trabajo. Ejemplo vivo. Cuadro humano. Campamento de desocupados"; allí se caracteriza a la población y sus condiciones habitacionales en términos netamente despectivos. El conjunto de 17 imágenes que ilustra el apartado es contundente en cuanto a la descalificación que recae sobre los pobladores y la propuesta de erradicación del asentamiento que se abona, por lo que vale la pena deternos en algunas.
En la primer imagen, en la que se ve una fila de hombres se acota "Tras la última gran guerra europea llegaron al país extranjeros -especialmente polacos-, en su mayoría ex combatientes, que sólo traían consigo taras patológicas y una pobreza absoluta de bienes"; y las siguientes tres fotografías muestran la villa y llevan epígrafes: "Las rudimentarias viviendas del campamento"; "Bajas y antihigiénicas casuchas", "Inmundas pocilgas más bien".
Este artículo es un buen ejemplo de cuál es la propuesta para las villas de las autoridades de ese momento -Y muchos posteriores-: despreciar a la población residente en villas, marginarla y erradicarla. En lugar de resolver los problemas habitacionales de los trabajadores que residen en villas, el Estado se ha orientado alternativamente hacia la ejecución de políticas de desalojo, o hacia el desentidimiento de la satisfacción de la demanda de vivienda de los sectores populares.
Las políticas habitacionales y la organización popular en tres períodos.
1955-1976. Entre la erradicación y la resistencia.
El Estado -local o nacional - fue el que, en la mayor parte de los casos, habilitó la instalación inicial de población en sectores en lo que se desarrollaron las actuales villas porteñas. Como ejemplos, están el ya mencionado Barrio de Inmigrantes, base de lo que hoy es Villa 31 de Retiro: el conjunto de casas precarias que dio origen a la Villa 20 a mediados de década del `40 o los núcleos de Vivienda Transitoria que se transformaron en "anexos" permanentes de villas que pretendían ser erradicadas.
Sin embargo, las villas de la ciudad empezaron siendo objeto de políticas públicas con los primeros planes de erradicación de las dictaduras que se sucedieron desde 1955. Durante la dictadura se puso fin a la segunda presidencia peronista, se desarrolló el Plan de Emergencia, que postuló el desalojo de las villas. Esta política fue perfeccionada en el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE, ley 17.605/67), que proponía la "urbanización" no de las villas, sino de los villeros: los mismos fueron considerados migrantes rurales a los que había que "socializar" para la vida urbana antes de otorgarles viviendas definitivas. Para esto se construyeron núcleos habitacionales transitorios (NHT), que se suponían viviendas de "socialización urbana", previas la adjudicación de inmuebles permanentes, que sólo en pocos casos se concretaron.
Estos programas generaron una creciente resistencia en las villas, y hacia los sesenta se consolidó el acercamiento de las organizaciones villeras a la CGT de los argentinos y al Movimiento de los Sacerdotes para el Tercer Mundo, asi como a los trabajadores de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV), quienes contravenían las directivas gubernamentales.
El "tercer gobierno peronista", iniciado en 1973, encontró un movimiento villero fuertemente identificado con el proyecto "nacional y popular" que aquel expresaba. Durante este período la población residente en villas pasó de 34.430 personas en 1960 a más de 100 mil una década después, y alcanzó su máximo histórico hacia 1975, con alrededor de 200 mil.
Las expectativas que el regreso de Perón había abierto entre la población de villas no tardaron en frustrarse. La intervención sobre estos barrios fue asignada al Ministerio de Bienestar Social (MBS) comandado por José López Rega, que llevó adelante la erradicación parcial de la villa 31 y Bajo Belgrano, ambas ubicadas en la zona norte de la ciudad. Esa acción fue el prólogo de la política desarrollada por la dictadura que se inicia en 1976.
1976-1983: Dictadura, violencia y desalojo.
En 1976 la población residente en villas alcanzaba el máximo histórico registrado hasta el presente con 213.823 personas. Durante la misma se llevó adelante el desalojo compulsivo más drástico de la historia: expulsaron a los habitantes a sus lugares de origen, a conjuntos habitacionales o a terrenos vacantes (A lo que se sumó la desaparición y represión física de varios pobladores referentes). Para 1981, según versiones oficiales, se había desalojado a casi 150 mil personas.
Esta expulsión de fuerza de trabajo alojada en las villas fue consecuente con un proceso de desindustrialización cristalizado, entre otros elementos en la prohibición de actividades fabriles en la ciudad de Buenos Aires.
La frase de Guillermo del Cioppo, titular de la CMV por aquellos años no puede ser más clara con respecto a la política urbana de la dictadura: "Hay que hacer un esfuerzo efectivo por mejorar el hábitat, las condiciones de salubridad e higiene de la ciudad. Concretamente, vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que lo merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente" (...) "Se trató el problema de las villas en forma quirúrgica y en tiempo récord" (Citado en Oszlak, 1991).
1983 a nuestros días: Las villas vuelven a poblarse.
Con el fin de la dictadura las villas que no fueron completamente erradicadas se comienzan a reconfigurar con la llegada de algunos de sus antiguos pobladores y la incorporación de nuevos migrantes. A partir de los `80 se sucedieron planes impulsados por la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que postulaban dar una respuesta diferente a la problemática. Así, se desarrollaron varios programas, todos con el planteo común de radicar e integrar los entornos villeros como solución definitiva. Esta línea de intervención es visible hasta el presente y fortalecida normativamente a mediados de la década del noventa, por ejemplo con la incorporación en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CCABA) del artículo 31, en el que se hace especial énfasis en el derecho a la vivienda y a la ciudad, refiriendo especificamente a la situación de las villas y situaciones de emergencia habitacional.
Sin embargo, en la actualidad, las villas son los únicos territorios de la ciudad en los que se verifica un crecimiento demográfico significativo; desde el Censo Nacional de Población de 2001, cuando se registraban poco más de 100 mil habitantes, se llega a los 163.587 censados en 2010. Mientras que en el resto de la ciudad la población permanece estable o decrece, en estos barrios llega a duplicarse, avanzando sobre espacios vacantes y densificando los ya ocupados. En paralelo a esta expansión del mercado inmobiliario informal y la profundización de la situación de emergencia habitacional de los sectores populares, el mercado formal transitó en la primera década del 2000 un período de sostenido crecimiento desde la recuperación económica posterior a la crisis de 2001.
Pero este "Boom" inmobiliario no tiene como destino la vivienda, sino que es el destino más seguro para el "depósito" del dinero de quienes más acumulan durante estos años (por ejemplo, desde terratenientes sojeros, hasta "empresarios exitosos"). La dinámica del mercado inmobiliario y el notable desfasaje entre vivienda producida y déficit habitacional, de todas formas, no es novedosa: se explica en el marco de procesos urbanos capitalistas en los que la vivienda tiene el rango -como todo producto del trabajo humano- de mercancía.
En ese contexto, las intervenciones estatales dirigidas a resolver la problemática urbana de los sectores menos de menores recursos resultan claramente deficitarias. A pesar de que la letra de la sucesivas políticas posteriores a las erradicaciones forzosas durante la última dictadura postual su regulación dominial y/o su radicación e integración urbana, la concreción de esos planteos ni siquiera se acerca a la escala de la situación. El cambio de paradigma de las políticas hacia villas y el reconocimiento normativo de las aspiraciones históricas de sus pobladores no tiene implicancias directas ni en la resolución de la problemática, ni en la reversión del estigma que sigue pesando sobre estos territorios y quienes viven en ellos. En ese sentido, la cobertura mediática y la declaraciones públicas de funcionarios estatales refuerzan a menudo concepciones negativas y discriminatorias como las que presentamos en aparatos anteriores.
Mientras tanto, sin embargo, la sostenida organización de los villeros viene creciendo. Aunque desde los `80 fueron frecuentes los intentos de cooptación por parte del Estado, también lo son las experiencias de organización y resistencia. Generalmente los problemas a los que tienen que hacer frente quienes viven en villas llevan a organizaciones, referentes y pobladores/as, no sólo a demandar al Estado su solución, sino también a tomar en sus propias manos la construcción de la respuesta a sus necesidades. Eso es lo que pasó y pasa con la provisión de servicios (luz, agua, cloacas), los comedores comunitarios o los numerosos centros comunitarios. En ese camino de buscar respuestas a la urgencias cotidianas también se van forjando los proyectos de transformación de estos barrios, respetando y valorando lo que construyeron sus vecinos, pero revirtiendo la segregación y estigmatización que algunos pretenden perpetuar.
Pablo Vitale (pablovitale.blogspot.com.ar)
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